"Es otro río muerto, otra cloaca a cielo abierto llena de basura, efluentes cloacales y residuos industriales", concluyó el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, al presentar el Informe Especial Cuenca del Río Reconquista realizado por expertos de tres universidades estatales, una privada y entidades ambientalistas.

El río Reconquista nace unos 60 kilómetros al oeste de Buenos Aires y sus aguas recorren 82 kilómetros hasta unirse con las del río Luján en el Delta del Paraná, que une a este curso de agua con el Río de la Plata. Atraviesa 18 municipios del amplio cordón que rodea la capital del país y afecta a más de cuatro millones de personas.

Según la investigación iniciada a instancias de una denuncia de vecinos, 40 por ciento de los habitantes de esa cuenca no cuentan con agua potable y 60 por ciento no accede a la red de cloacas.

Pero esos indicadores esconden situaciones extremadamente críticas. En Malvinas Argentinas, con 280.000 pobladores, 91 por ciento no accede al agua de red y 96 por ciento carece de saneamiento.

En las márgenes del Reconquista hay radicadas unas 12.000 industrias que vuelcan sus efluentes sin tratarlos, un número de firmas casi cuatro veces superior a las que contaminan el Riachuelo, el río que después de recorrer varios kilómetros con el nombre de Matanza dentro de la oriental provincia de Buenos Aires bordea el sur de la capital argentina para desembocar en el Río de la Plata.

La Defensoría del Pueblo había realizado en 2001 un informe sobre el Riachuelo, que nace al oeste de la ciudad de Buenos Aires y dibuja el límite sur que la separa de la provincia lindante. En esa oportunidad, el organismo reveló el "estado alarmante" de la cuenca y los riesgos sanitarios para los 3,5 millones de pobladores de sus orillas.

Ese estudio fue confirmado cuatro años después por una investigación de la Auditoría General de la Nación. En base a esos elementos, la Corte Suprema de Justicia, en una causa presentada por afectados por la contaminación de la cuenca, adoptó una resolución inédita que se busca repetir con el río Reconquista.

El máximo tribunal ordenó al Estado nacional, al provincial y a los municipios involucrados, a las empresas y a los organismos de la sociedad civil que se presenten a una serie de audiencias públicas ante la Corte para explicar cuáles son los planes que se comprometen para terminar con la polución en ese curso de agua.

La medida del alto tribunal obligó al gobierno argentino de Néstor Kirchner y al parlamento a apurar un proyecto para crear una Autoridad de Cuenca, con representación de las distintas jurisdicciones políticas involucradas, además de que se unificó la regulación en materia de efluentes industriales y domésticos y se comenzó un plan de obras para proveer de agua potable a la zona.

Ahora, a partir de la denuncia de organizaciones ambientalistas y del estudio realizado por la Defensoría, los vecinos esperan llegar a la Corte Suprema de Justicia con su reclamo. "El informe es muy consistente y nos da un peso científico muy fuerte para presentarnos ante la justicia", dijo a IPS Martín Nunziata de la Agrupación Pro Delta (Aprodelta).

"La situación aquí planteada es un calco de la que vemos en el Riachuelo y las aguas van al mismo estuario del río de la Plata", remarcó Nunziata, quien además es vecino del Delta del Paraná. Su entidad considera que se debe contar con un plan de saneamiento que a su vez tenga control de las entidades ambientalistas.

Los ambientalistas argentinos en general valoran la lucha de pobladores de Gualeguaychú, en la oriental provincial de Entre Ríos, por haber puesto la cuestión ecológica sobre el tapete y obligado a las autoridades a pronunciarse con su insistente movilización contra la planta de celulosa que se levanta en la rivera opuesta del río que los separa de Uruguay.

El estudio de la Defensoría, en el que participaron especialistas de las universidades de Morón, Luján y de General Sarmiento, pretende "generar un nuevo tipo de respuesta pública" elaborada entre el Estado y la sociedad civil, a fin de tener una mirada más amplia del problema que contribuya a encontrar soluciones sustentables.

Según el informe, "los metales pesados están presentes en forma permanente en el río Reconquista en concentraciones que exceden ampliamente los niveles de seguridad, con valores que van de dos a 160 veces, dependiendo del metal, lo que habla de una contaminación elevada por efluentes industriales".

También alerta sobre los agroquímicos y pesticidas organoclorados "altamente tóxicos" que están en el agua en valores entre 40 y 400 veces superiores a lo tolerable para la vida acuática.

Hay además una "cantidad elevada" de cloruros, fosfatos, fenoles y compuestos de nitrógeno inorgánico, producto de las aguas servidas domiciliarias y descargas industriales sin tratar que llegan al curso fluvial, y bacterias coliformes. En la desembocadura, la polución está tan extendida que los expertos comprobaron una total ausencia de oxígeno.

Los técnicos especializados sostuvieron en el informe que los tóxicos encontrados en las muestras de agua pueden provocar cefaleas, alteraciones cutáneas, nauseas, vómitos y diarreas, pero también hipertensión, alteraciones cardíacas, cáncer y fallas del sistema nervioso central, entre otros múltiples males.

"No cabe duda de que existe un impacto ambiental potencialmente adverso para la salud", concluye el estudio tras una profunda indagación en este aspecto del problema, que es el que más conmovió a los jueces del máximo tribunal cuando resolvieron tomar cartas en el caso del Riachuelo.

Las industrias más contaminantes en la zona del río Reconquista son las curtiembres, frigoríficos, químicas y agroquímicas, que se distribuyen por los 1.600 kilómetros cuadrados que tiene la cuenca y descargan 90 por ciento de sus efluentes sin tratar al curso de agua que se ha vuelto pestilente, remarcó Mondino.

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas demandó el año pasado al Estado nacional y al de la provincia de Buenos Aires por la situación de la cuenca y pidió el cese inmediato de las acciones de contaminación.

Los abogados, en representación de los vecinos, reclamaron a la Corte Suprema de Justicia que se proceda igual que con la cuenca del Riachuelo, a fin de exhortar a las autoridades a sanear sus aguas.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de la Secretaría de Política Ambiental, puso en marcha en los años 90 una Unidad de Coordinación del Proyecto Río Reconquista, pero el organismo sólo realiza obras de infraestructura, pues no tiene en marcha una política ambiental, diferenció Mondino.

Una de las principales obras de la unidad fue la construcción de un canal aliviador para contrarrestar los daños de las inundaciones sobre los barrios. Pero desde entonces y cada vez que sube la marea, los cauces artificiales distribuyen las aguas contaminadas del Reconquista por toda la cuenca del Delta.

El Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón habían financiado el proyecto de construir el canal aliviador con casi 400 millones de dólares, pero el plan contemplaba además la realización de obras de saneamiento del río Reconquista que nunca se hicieron, explicó Nunziata.

En el informe de la Defensoría, tanto la Secretaría como la Unidad de Coordinación admiten la gravedad del problema.

"La calidad del agua no es apta para la vida acuática", admitió la secretaría refiriéndose al Reconquista, en tanto la unidad sostuvo que el agua está "totalmente degradada por el aporte masivo de la industria".

No obstante, aseguran que están en marcha planes para el saneamiento que habría que evaluar al finalizar las obras, dentro de 20 años.

En conmemoración del Día Mundial del Agua, en 21 de marzo, el Fondo Mundial para la Naturaleza lanzó un alerta sobre los 10 ríos más contaminados del mundo, entre los cuales colocó el Riachuelo. Ahora, de acuerdo a este informe, el Reconquista, podría quitarle el primer puesto en Argentina.

 

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